Los leridanos, llamados a votar sobre la remunicipalización del subministro del agua

Acto de presentación del referendum en Lleida. Foto de ADSP

Acto de presentación del referendum en Lleida. Foto de ADSP

París, Berlín o Budapest son algunos de los más de cien ayuntamientos europeos que han recuperado la gestión municipal del agua después de que el servicio fuera privatizado durante años. Arenys de Munt (Barcelona) y Alfés (Lleida) son algunos de los consistorios catalanes que también han remunicipalizado recientemente este subministro por criterios de eficiencia. Ahora, la Asamblea en Defensa de los Servicios Públicos de Lleida (ADSP) plantea que la capital del Segrià siga el modelo de estas poblaciones. El próximo 25 de mayo, coincidiendo con la contienda electoral europea, la ADSP organizará una consulta popular con 15 mesas repartidas por los barrios de la ciudad –en el marco del Multireferèndum 2014– para preguntar a los leridanos su postura frente a esta cuestión.

El caso del agua es el ejemplo que la Asamblea en Defensa de los Servicios Públicos ha elegido para defender ante la ciudadanía la propiedad pública de los servicios municipales, explica Agustí Liñan, miembro de la ADSP: “El abastecimiento de agua es un servicio básico que usamos todos y que se ha encarecido en Lleida un 70% desde su privatización”. “Además ha precarizado la situación laboral de los trabajadores de la concesionaria y tenemos constancia de que se está cortando el suministro a abonados que no pueden hacer frente a las facturas”, añade. Doce entidades de la ciudad impulsan la consulta: Amics del Segre, Arran, CUP, Lo Comú, Dones de Lleida, Ecoxarxa, SEPC, Indignats de Cappont, Ipcena, Marea Groga, Procés Constituent y USTEC-STES.

Aunque la administración local no apoyará la consulta del 25 de mayo, el pasado enero el Ayuntamiento convocó una Audiencia Pública extraordinaria a petición de varios colectivos. La tercera en la historia de la Paeria, sirvió para debatir sobre la privatización del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, del transporte urbano, del alumbrado público, del servicio de limpieza de la vía pública y del mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Aigües de Lleida, la Unión Temporal de Empresas formada por Aqualia, Gestión Integral del Agua SA y Fomento de Construcciones y Contratas SA, gestiona el abastecimiento de agua en la ciudad desde 1993, así como la depuradora municipal desde 1996. En 2013 la Paeria renovó la concesión por otros 10 años más. El colectivo de entidades que forman la Asamblea por los Servicios Públicos denuncia que “la empresa concesionaria ha incrementado un 35% el recibo del agua, cifra que se suma a la misma subida en el año anterior y al aumento del 7,2% del canon del agua aplicado por la Generalitat”.

Marta Camps, primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Lleida matiza que “la subida, aunque porcentualmente supere el 30%, en términos absolutos supone tres euros de media al mes o un euro por persona al mes, ya que el precio del agua es bajo”, y asegura que los porcentajes pueden engañar ya que lo que sube un 30% es la tarifa municipal y no el importe total del recibo, que sube un 12% e incluye otros conceptos como el alcantarillado, el canon del ACA y el IVA que no aumentan”. Camps argumenta que “la subida no sólo responde a la necesidad de equilibrar financieramente la concesión de Aigües de Lleida y a costear las inversiones, sino también al incremento del precio de compra del agua de la mancomunidad de Pinyana, subida que se aplica de forma progresiva y que afecta a otros municipios del Segrià y la Noguera”.

Los casos de Arenys de Munt y Alfés
Jordi Colomer, responsable técnico de municipalización en Arenys de Munt en el momento en que se recuperó el servicio de abastecimiento de agua, asegura que las empresas concesionarias acaban reduciendo servicios o no cumpliendo con algunas de las condiciones para obtener mayores beneficios y “la dificultad de control de los consistorios hace que sea muy difícil saber si el servicio ofrecido es exactamente el que está pactado”. “La empresa privada acaba aplicando mayor margen comercial a los materiales que suministran en el servicio y que en el libre mercado se consiguen más baratos; además de que los servicios municipales no graban IVA ni buscan el margen de beneficio industrial”, valora Colomer. En Arenys de Munt no hizo falta rescindir el contrato ya que finalizaba la licitación y en lugar de abrir un nuevo concurso se optó por recuperar la gestión municipal.

Alfés, un municipio de sólo 350 habitantes, se encontró en la situación de tener que rescindir el contrato y llegar a un pacto económico para la recuperación del servicio. La empresa concesionaria pidió que el consistorio aprobara una subida del precio de la tarifa. Joel Jové, concejal de la CUP explica que “el Pleno no quiso aprobar la subida de precio y automáticamente empezaron a detectar incumplimientos de contrato como cortes de agua o averías sin reparar durante meses; así que se planteó la remunicipalización que tiempo atrás había propuesto la CUP por motivos ideológicos y que se había desestimado”.

La recuperación del control de un servicio privatizado se contempla en las licitaciones, aunque conlleva el pago de una indemnización para la empresa que pierde el contrato. “El consistorio tiene que asumir el lucro cesante si rescinde el contrato antes de que finalice el período pactado”, explica Eloi Badia, miembro de la Plataforma Aigua es Vida.

El paradigma europeo de la remunicipalización
Badia asegura que “a nivel mundial se han dado ya centenares de casos de recuperación del control municipal del agua”. “En España tenemos constancia de hasta 15, aunque los tres grandes casos son Berlín, París y Budapest”, puntualiza.

Berlín podría ser el espejo de Lleida. Un primer referéndum popular no vinculante obligó al consistorio a tener en cuenta las 700.000 personas que pedían que se publicitara el contrato con la empresa concesionaria del servicio. A pesar de que quedaban por delante varios años de concesión, y por tanto, en caso de rescisión del contrato el Ayuntamiento tenía que abonar una elevada cantidad de dinero, se decidió hacer frente a la deuda. “El 8% de beneficio industrial que hubiera recaudado la empresa gestora sirve para pagar la indemnización y a la larga el coste del servicio se abarata”, ejemplifica Badia.

París, en cambio, pudo recuperar la gestión del agua antes de finalizar la licitación en el año 2010. Badia asegura que “después de la remunicipalización el consistorio parisino logró ahorrar 35 millones de euros el primer año y abaratar un 8% la factura, además de garantizar que no habría cortes de suministro”.

Un referéndum para el debate
La Audiencia Pública del pasado mes de enero sirvió para abrir el debate entre entidades, ciudadanía y consistorio. Pau Juvillà, miembro de la ADSP, denuncia que la Paeria “todavía no ha activado la comisión de seguimiento de la Audiencia Pública tal como se acordó”. Ante falta de respuesta a la petición de realizar una consulta popular sobre la remunicipalización de servicios, prosigue, la Asamblea se ha erigido como organizadora en Lleida del Multireferèndum.

Los promotores de esta macro consulta, que tendrá lugar el 25 de mayo en toda Catalunya coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, pretenden que “se exprese la voluntad popular sobre problemáticas encalladas o sobre las que no se deja decidir a la población”. En Lleida, el pistoletazo de salida empieza el próximo sábado 17 de mayo en el rectorado de la Universitat de Lleida, donde se celebrará la jornada de debate y reflexión Se escribe agua, se lee democracia, que aglutinará plataformas de distintos municipios españoles que han iniciado acciones participativas para defender la gestión pública del agua.

El Multireferèndum, que preguntará a nivel general sobre agricultura transgénica, la deuda de la Generalitat, la soberanía energética y las ILP rechazadas, incluirá tres preguntas locales que sólo podrán votarse en los territorios afectados: el futuro de BCN World para Tarragona, la Línea de Muy Alta Tensión en comarcas gironines y la privatización del agua, en Lleida.

Buenos Aires, Berlín, París, Budapest, Arenys de Munt o Alfés son sólo algunos de los pueblos y ciudades que han abierto camino en el debate de la propiedad de los servicios públicos. Otros municipios como Madrid, Vilanova y la Geltrú, Candeleda, Jerez o Laguna de Duero han realizado consultas populares y movilizaciones contra la privatización. Terrassa y algunos pueblos de la cuenca del Ter, a punto de finalizar las concesiones, están organizando mesas de trabajo para debatir el futuro de la gestión del servicio. Lleida empieza esta semana una campaña electoral paralela a la europea, que culminará con la consulta y que aspira a marcar el paso a las futuras decisiones del ayuntamiento sobre la gestión externalizada del agua.

Cecília López

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